Recuento de daños II: el mismo circo, diferente año.
¿De dónde sale el dinero para financiar las campañas anticipadas de Morena, sus aliados y ahora también los partidos de oposición? Esta es una interrogante que no ha sido contestada, pero que tampoco ha sido planteada en la conversación pública como debería, a pesar de que es evidente que se trata de dinero de nuestros impuestos.
En junio de 2023 publiqué el primer Recuento de Daños, en donde cuestionaba los excesos de los perfiles que aspiraron a la candidatura presidencial por Morena. Nunca se aclaró de dónde se financió la campaña anticipada de los seis perfiles que compitieron internamente: Claudia, Marcelo, Adán, Ricardo, Manuel y Gerardo. Rumbo a las elecciones de 2027, el juego no ha cambiado, incluso ha sido perfeccionado: rostros en espectaculares, nombres en bardas, publicidad en falsos medios digitales e incluso servicios de salud y servicios públicos politizados con rostros y nombres de personajes que, en caso de obtener la candidatura y ganar la elección, no volverán a ser vistos por esas colonias ni prestarán los servicios de los que hoy ostentosamente se adueñan.
Desde el desinterés y para no incomodarse, nadie en el poder cuestiona por qué es incalculable la cantidad exacta de funcionarios públicos que han pedido licencia para buscar una candidatura. Solo de legisladores se reportan 17 licencias otorgadas, lo que parece diminuto tomando en cuenta que oficialmente hay 200 registros para aspirar a una candidatura por la coalición en el poder: Morena, PT y PVEM.
Desconectada de la ciudadanía y aun así soberbia, la oposición no tiene autoridad para señalar los excesos que ella misma instauró cuando gobernaba. El PRI y el PAN han caído en los mismos juegos de Morena: han adelantado sus procesos internos, abierto convocatorias disfrazadas de participación ciudadana y no han parado de copiar las estrategias que, en su entendimiento, les acercan a la simpatía de la ciudadanía. Este será un largo y cansado proceso electoral.
Nuestros funcionarios públicos y toda la clase política han demostrado una vez más que las leyes que ellos mismos aprobaron no les aplican cuando van en contra de sus intereses. Con todo el desgaste diario, la inseguridad, politizados y excluidos, los ciudadanos tenemos que asumir el incumplimiento de quienes deberían hacer respetar la ley. Una incongruencia que nadie en el poder parece dispuesto a resolver, y mucho menos a explicar de dónde sale el dinero para sostenerla.
